Barranca: Trabajadores fantasmas (y son apristas)

Barranca: Trabajadores fantasmas en programas sociales.

Actualización 8lunes 26 de amyo de 2008): LOS NOMBRES : Hay un portero, estudiantes y dos profesores (por lo menos), TODOS ELLOS DEL PARTIDO DE LA ESTRELLA. Dele click a NOMBRE DE LOS APRISTAS.

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Gobierno aprista aplica el popular 'cabeceo' a pobladores más necesitados del país.
DETALLE Los pobladores de diversos Centros Poblados del norte chico de Lima advirtieron que los programas sociales ejecutados por el gobierno se desarrollan con las mismas características irregulares: sueldos sin pagar, dinero destinado para la compra de herramientas que no se adquieren, aparición de trabajadores fantasmas, disposición de trabajadores para labores privadas, etc. Según las quejas, en las zonas de Pativilca, Huaura y Barranca el gobierno hace trabajar a los pobladores y no les paga. Lo mismo estaría ocurriendo al sur de Lima, en Villa El Salvador, Lurín y Cañete.

Se destapa corrupción. Moradores de “El Potao” (Barranca) denuncian que en el programa Construyendo no recibieron sus sueldos, porque, en la lista de pagos, aparecieron nombres de personas que nunca trabajaron.

A poco más de un mes del escándalo generado en el Banco de Materiales, un nuevo caso de corrupción en programas sociales le estalla al gobierno. Moradores del Centro Poblado “El Potao”, provincia de Barranca en el norte de Lima, denunciaron que luego de laborar casi un mes en el programa ‘Construyendo Perú’ no han recibido sus salarios.

El programa fue creado por el actual gobierno para generar empleo temporal para los pobladores más necesitados, pero los únicos que sí cobraron puntualmente fueron empleados fantasmas cuyos nombres los agregaron luego de borrar de la nómina a quienes sí habían trabajado.

Según Carlos Trujillo, representante de los perjudicados pobladores de “El Potao”, fueron en total 65 personas las que participaron en el programa ‘Construyendo Perú’, que depende del Ministerio de Trabajo, con la esperanza de aliviar su alicaída canasta familiar, pero nunca imaginaron que serían estafados.

De acuerdo al proyecto aprobado en favor de “El Potao”, el costo total de las obras fue de 31,901 soles, de los cuales más de 20 mil estaban destinados a los salarios de los moradores y más de 10 mil a la compra de enseres y herramientas.

Sin embargo, según los pobladores, el dinero nunca llegó e, incluso, trabajaron con sus propios instrumentos, pues el programa no les dio palas, rastrillos ni nada de lo ofrecido.

Como la partida de dinero ya había sido aprobada por el gobierno, se debía cumplir con el cronograma. Las labores se iniciaron el 2 de abril y terminaron el 26 del mismo mes. Se limpiaron y pintaron calles, removieron desmontes y construyeron veredas. Finalizado el proyecto, los pobladores de “El Potao” se alistaron para cobrar sus sueldos, según el tiempo trabajado, de entre 100 y 400 soles cada uno, pero no recibieron nada.

LA PRIMERA tuvo acceso a la relación de asistencia de los trabajadores donde se consigna el nombre de todos los obreros y su asistencia puntual al trabajo. Sin embargo, la planilla oficial de pagos fue cambiada. Muchos de los pobladores fueron retirados de la lista de pagos sin explicación alguna, a otros les rebajaron los sueldos, pero tampoco pudieron cobrar.

¿A dónde fue el dinero? Grande fue la sorpresa de los afectados cuando descubrieron la existencia de 11 integrantes nuevos en la planilla, es decir, trabajadores fantasmas, que sí cobraron sus sueldos.

Los fantasmas, según la denuncia de Carlos Trujillo, habrían cobrado la suma de 3,648 soles y ya fueron identificados por la propia población de “El Potao” como profesores, estudiantes y parceleros de conocida militancia aprista en Barranca.

Fuente:

La primera (Perú)

PERU: Protestas por Ley Anti comunera

Ley anticomunera es una afrenta de García

Alguien le contó que el proyecto de ley iba a ser rechazado y se adelantó con DL 1015.
DATO El informe defensorial dice también que deben protegerse no sólo las tierras que pertenecen a las comunidades campesinas o nativas, sino también las tierras que tradicionalmente ocupan. “El Estado debe proveer una protección especial a las tierras comunales, y por ende debería requerirse un número de votos calificado que refleje la voluntad de casi la totalidad de los comuneros en caso se pretenda disponer de aquella. Dicho deber de protección no se cumpliría si el Estado permite que la decisión de disposición de las tierras comunales fuera de responsabilidad de los asistentes a la asamblea”.

Sacándole la vuelta al Parlamento, el Mandatario lanzó DL 1015, al ver que el Legislativo iba a rechazar un proyecto de ley similar, cuestionado por la Defensoría del Pueblo.

El día martes 20 de mayo ocurrieron dos hechos aparentemente sin conexión: la Defen-soría del Pueblo remitió al Congreso el Informe Nº 016-2008-DP/ASMA.PCN, opinando desfavorablemente al Proyecto de Ley 1992, que el Ejecutivo había sometido a la representación parlamentaria, sobre inversión privada en tierras rurales y comunidades campesinas y nativas; y el gobierno publicó en las Normas Legales del diario El Peruano el DL 1015, con un título que era casi una proclama: “Decreto Legislativo que unifica los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y selva con las de la costa, para mejorar su producción y productividad”.

Lo curioso del caso era que el Proyecto 1992 y el Decreto 1015 eran y son la misma cosa y que su sorpresiva aprobación, en el marco de las facultades legislativas otorgadas para la implementación del TLC, no era sino una manera de sacar de carrera a la Defensoría y al propio Congreso, probablemente en coordinación con parlamentarios apristas que solicitaron la opinión defensorial. Nadie se explica, por cierto, que el oficialista presidente de la Comisión de Vivienda, José He­rrera Pumayauli, se interesara en una posible ley que versaba sobre las tierras de las comunidades. Pero lo que sí podemos establecer es que este caballero debe haber sabido la fecha en que le sería entregado el informe final y probablemente fue advertido que no favorecería el interés del gobierno.

Antes de la solicitud del in-forme de la Defensoría, formulada por las comisiones de Agri-cultura y Vivienda, ya la de Pueblos Indígenas, presidida por Gloria Ramos, había desestimado el Proyecto 1992, recomendado su envío a archivos; lo que quiere decir que la iniciativa aprista se encaminaba a una de­rrota. Si se agregaba el pronunciamiento de la Defensoría, las posibilidades de pasar a una nue­va etapa de la guerra contra el perro del hortelano, como era el plan de Alan García, quedarían seriamente comprometidas.

El informe de la Defensoría dictamina que se debe “mantener el número de dos tercios requeridos para disponer, gravar o realizar cualquier otro acto de disposición de las tierras comunales de sierra y selva, y extender este criterio también para las tierras de las comunidades campesinas de la costa”, y el decreto anticomunero reduce la exigencia al 50% de los asistentes a una asamblea.



Raúl Wiener
Unidad de Investigación

Fuente:

Diario La Primera (Perú)

Siete mil comunidades en pie de guerra

Defenderán sus tierras. Mientras el ministro de Agri­cultura, Ismael Benavides, despreocupado por problemas de su sector, se embarcaba en el “Tren Papa”, las organizaciones indígenas, campesinas y agrarias, agrupadas en la Confede­ración Nacional Agraria, anunciaron ayer que más de siete mil comunidades campesinas y nativas realizarán movilizaciones regionales y paros en todo el país, por la derogatoria del Decreto Legislativo 1015, que deja expedito el camino para que las transnacionales se apoderen de sus terrenos. Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacio-nal Agraria (CNA) denunció a LA PRIMERA que el presidente Alan García se ha convertido en el “Atila” de las comunidades campesinas e indígenas del Perú, al sepultar en vida a más de 711 mil comuneros y más de siete mil comunidades nativas con la aplicación de la norma que ha puesto en vilo al campesinado peruano. El dirigente de los campesinos afirmó que el DL 1015 no sólo favorece a las grandes empresas mineras, sino también a congresistas ambiciosos y hasta al presidente Gar-cía, “quien, según información que tengo, sería el propietario, mediante testaferros, de la agroexportadora Campo Sol, en Trujillo”, aunque no exhibió documentación probatoria. “No podemos permitir más abusos; el gobierno quiere desaparecernos con esta norma, pero no van a impedir que luchemos por nuestros derechos”, subrayó. Huáscar dijo que las medidas de lucha se iniciarán la próxima semana con un plantón ante la sede del Banco Inter­americano de Desarrollo (BID) y habrá movilizaciones regionales del 20 al 24, que complementarán con un paro el 8 y 9 de julio, medida que coincide con el paro nacional, convocado por la CGTP para el día 9.

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Diario La Primera (Perú)

Soldados USA en el Perú

Congreso autoriza el ingreso de militares de EE.UU. a Ayacucho

Los militares norteamericanos ingresarán de forma rotativa entre el 23 de este mes y el 10 de setiembre próximo para ver temas de narcotráfico.





(EFE).- El Congreso aprobó este miércoles el ingreso de un destacamento de militares norteamericanos a Ayacucho, una de las zonas donde se encuentran aún remanentes de Sendero Luminoso en alianza con el narcotráfico.

El pleno del legislativo aprobó el proyecto, presentado por el Ejecutivo, por 60 votos a favor, 22 en contra y 12 abstenciones.

Según lo aprobado, los militares norteamericanos ingresarán al Perú de forma rotativa entre el 23 de este mes y el 10 de setiembre próximo, para participar en el Ejercicio Combinado Conjunto de Acción Cívica Humanitaria denominado "Nuevos Horizontes 2008".

Un portavoz del legislativo explicó a EFE que los militares norteamericanos "van a hacer trabajos de construcción de postas médicas (establecimientos sanitarios), pozas de agua y atención a la población de bajos recursos".

Añadió que en total se ha autorizado el ingreso de 111 militares de manera rotativa, en grupos de entre 15 y 20 por vez, entre los que se encontrarán cadetes, médicos, ingenieros y personal militar.

Estos han sido autorizados a portar armas de corto alcance (pistolas o revólveres), aunque su seguridad estará a cargo de la Policía Nacional de Perú, precisó el portavoz.

La aprobación de la ley fue rechazada por la congresista opositora Juana Huancahuari, quien denunció que la autorización demuestra "la intención de los Estados Unidos de crear una zona de operaciones militares en el VRAE (Valle de los ríos Apurímac y Ene) y en la región Ayacucho".

Huancahuari lamentó que el Ejercicio Conjunto cuente con la aprobación del presidente regional de Ayacucho, Ernesto Molina, y señaló que los norteamericanos contarán con cuatro helicópteros en la zona.

"¿Por qué no vienen médicos civiles si hay tanto interés en apoyar a la región? Lo que se busca con esto es causar un efecto psicosocial con personal armado en el VRAE donde ya existen denuncias de que estaría cometiendo abusos", agregó.
Los congresistas del gobernante Partido Aprista Peruano (PAP) Mercedes Cabanillas y Luis Giampietri, defendieron el proyecto y remarcaron que la intención es "mejorar el entrenamiento combinado conjunto de las unidades militares de los Estados Unidos y de Perú".

El presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, Iver Maraví, señaló, por su parte, que la intención de este personal es asesorar y dirigir el plan de erradicación de cultivos de coca en el VRAE y buscar la criminalización de las protestas sociales.

"No hay ninguna justificación para que ingresen militares de Estados Unidos a la región ni al país, menos con el cuento de que van a construir pozos de agua y aulas en las zonas donde van a realizar sus ejercicios", comentó.

Fuente:

El Comercio

Declaración de la Cumbre de los Pueblos

Declaración de Cumbre de los Pueblos

Enlazando Alternativas 3

Lima , 16 de mayo

Las organizaciones sociales, políticas y populares, de trabajadores y trabajadoras, de migrantes, las comunidades indígenas y campesinas, el movimiento de mujeres, de jóvenes y sindical de América Latina, el Caribe y Europa, reunidos en Lima durante la Cumbre de los Pueblos, Enlazando Alternativas III, declaramos:

La cooperación y la integración de nuestros pueblos pasan en primer lugar por la construcción de un sistema en el cual los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de las mayorías sean prioridad y razón de ser de las políticas gubernamentales. Por lo mismo, rechazamos el proyecto de Acuerdos de Asociación propuesto por la Unión Europea y avalado por diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños que solo buscan profundizar y perpetuar el actual sistema de dominación que tanto daño a hecho a nuestros pueblos.

La estrategia de la Unión Europea "Europa Global : Competir en el mundo", supone la profundización de las políticas de competitividad y crecimiento económico que buscan implementar la agenda de sus transnacionales y profundizar las políticas neoliberales, incompatibles con el discurso sobre el cambio climático, la reducción de la pobreza y la cohesión social. A pesar de que se pretende velar su naturaleza incorporando temas de cooperación y diálogo político, la esencia de la propuesta es abrir los mercados de capitales, bienes y servicios, proteger la inversión extranjera y reducir la capacidad del Estado de promover el desarrollo económico y social.

Esto tiene implicaciones en ambas regiones : Para América Latina y el Caribe, esta estrategia reproduce el esquema de los Tratados de Libre Comercio que han suscrito la mayoría de países de la región con Estados Unidos y van más allá de las políticas de la OMC que rechazamos. Los recursos naturales de estos países están siendo explotados indiscriminadamente, desplazando a comunidades enteras, devastando la biodiversidad, agotando las fuentes hídricas, y pauperizando a la mano de obra, y en ello tienen mucha responsabilidad las multinacionales europeas. América Latina ha sido víctima secular del saqueo de las transnacionales y, ahora, cuando avances democráticos estimulan la búsqueda de caminos propios de desarrollo en diversos países y de formas de integración al servicio de los pueblos, varios gobiernos que siguen las recetas del libre comercio estimulan la fragmentación de la región, los enfrentamientos nacionales y las contradicciones entre ellos.

En Europa una de las grandes amenazas para la democracia, la justicia, la paz y el equilibrio ecológico, es el Tratado de Lisboa, que está siendo ratificado por las élites sin consultar a la población y que rechazamos como ya lo hicimos en el pasado. Este tratado refuerza una Europa neoliberal, aumenta la militarización, la exclusión, las desigualdades y la mercantilización, así como endurece las políticas securitarias-represivas. Ello se refleja en un aumento de la precariedad, un ataque generalizado a todos los derechos sociales, en particular a las conquistas laborales. Al mismo tiempo, se acelera la construcción de la "Europa Fortaleza", lo que implica cerrar las fronteras, violando el derecho de asilo y criminalizando los migrantes y los movimientos sociales, creando muros virtuales o reales, que no se diferencian con los que construyen en la frontera al Norte de América.

Los Acuerdos de Asociación que ha firmado la Unión Europea con México y Chile han profundizado las desigualdades y muestran el camino que seguirán quienes firmen estos Acuerdos en Centro América, la Comunidad Andina de Naciones y el MERCOSUR cuyas negociaciones se quiere resucitar. Para los países del Caribe, estos Acuerdos, recientemente firmados, aumentarán la vulnerabilidad y dependencia de sus economías, al mismo tiempo que fracturan la dinámica de integración subregional.

En el momento en que en Lima los gobiernos hablan de cohesión social, cambio climático y reducción de la pobreza, conviene recordar que la principal causa de desigualdad, polarización social, degradación ambiental y discriminaciones, es la primacía del mercado por sobre los derechos de las personas y el otorgamiento de todas las garantías a las corporaciones que eliminan la capacidad estatal de definir proyectos nacionales de desarrollo con la complicidad de los gobiernos. Las transnacionales actúan bajo un doble rasero apoyándose en las asimetrías que los Acuerdos de Asociación tienden a reforzar. En consecuencia, el discurso sobre Cooperación y Diálogo Político es la carnada que esconde el anzuelo de los intereses de esas corporaciones.

Frente a la crisis alimentaria que afecta a decenas de países, denunciamos la hipocresía y las políticas de las instituciones multilaterales (OMC, FMI, BM, BID, BEI) que pretenden esconder sus verdaderas causas : direccionamiento de la producción de los países a la exportación, pérdida del papel del Estado en la regulación alimentaria y conversión de los alimentos en fuente de especulación financiera, todo ello como resultado de las políticas de "libre comercio". Por lo mismo, es inadmisible que se proponga, como salida a la crisis, más liberalización y desprotección. La producción masiva de agrocombustibles agrava las ya difíciles condiciones de vida de millones de habitantes. Rechazamos una vez más esta pretendida salida a la crisis energética y climática.

Ante esta situación, las organizaciones que hacemos parte de Enlazando Alternativas, reiteramos que es posible una integración distinta basada en la libre determinación de los pueblos, el respeto al medio ambiente, a los derechos humanos y a los procesos democráticos emprendido por aquellos gobiernos que se alejan del neoliberalismo y buscan para sus pueblos relaciones de igualdad con todos los países del mundo. Esto supone el fortalecimiento de la cooperación en todos los ámbitos entre los pueblos, el reforzamiento de la solidaridad, el fin de toda forma de discriminaciones y la superación de prácticas violatorias de la soberanía de los países. Como ha mostrado la II Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, exigimos justicia y la reparación de los agravios, daños y perjuicios, provocados por las empresas europeas, y el replanteamiento de las relaciones con estas empresas, de tal forma que asuman los pasivos sociales y ambientales en que incurren.

Saludamos las acciones de nacionalización de empresas estratégicas para el desarrollo nacional y los recursos naturales, que pertenecen a los pueblos, no a las transnacionales, como por ejemplo la de la empresa boliviana de telecomunicaciones ETI/ENTEL. Llamamos a los gobiernos que promuevan políticas progresistas a sumarse al proceso de transformación que impulsamos. Rechazamos las desafiantes intervenciones de EE.UU. y la Unión Europea contra la soberanía de los pueblos. La Unión Europea debe asumir su deuda histórica con los pueblos de América Latina y el Caribe, en particular con los pueblos originarios. Llamamos la atención sobre la dramática situación de Haití, resultado de décadas de expoliación, agravada por la actual ocupación militar. Así mismo denunciamos la política complaciente de la Unión Europea con el gobierno de Colombia.

La única salida de los pueblos latinoamericanos, caribeños y europeos es unirse en torno a la defensa de su bienestar y fortalecer la resistencia y movilización contra las políticas neoliberales. Ella debe nutrirse de los aportes de mujeres, pueblos originarios, campesinos y demás fuerza sociales que, con su presencia masiva en la Cumbre Social, han dado ejemplo de combatividad y de elaboración de alternativas en búsqueda de un progreso sustentado en la armonía con la naturaleza, los derechos humanos y la eliminación de todas las formas de discriminación.

Exigimos a los gobiernos atender efectivamente las demandas de los pueblos por construir otro tipo de relaciones entre las regiones, basadas en la superación del modelo de mercado. Hacemos un llamado a la población a no dejarse engañar más por gobiernos autoritarios que pretenden criminalizar la justa protesta civil. Instamos a los habitantes de América Latina, el Caribe y Europa a sumarse a la fuerza cada vez mayor de organizaciones que buscan un mundo mejor para todos, y así estar a la altura de los desafíos que hoy enfrenta la humanidad.

Invitamos a todas las organizaciones sociales y populares de ambos Continentes a preparar desde ahora la próxima Cumbre Social de los Pueblos, Enlazando Alternativas IV, que tendrá cita en el Estado Español en el año 2010.

Fuente:

Informalisimo

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Rebelion.org

Tribunal de los Pueblos a las transnacionales: ¡CULPABLES!

Cumbre de los Pueblos

Tribunal de los Pueblos a las transnacionales: ¡CULPABLES!

Tribunal de los Pueblos resolvió sancionar moral y éticamente a las transnacionales europeas por practicar políticas neoliberales.



La sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre empresas europeas en América Latina desarrollada en Lima resolvió “sancionar moral y éticamente” a las empresas transnacionales así como “conductas y prácticas políticas, económicas, financieras, productivas y judiciales del modelo neoliberal, implementadas y permitidas por los Estados y las instituciones de la Unión Europea”.

El dictamen final del TPP se dio a conocer al mediodía de este viernes, en la clausura de la Cumbre de los Pueblos Enlazando Alternativas 3, paralela a la reunión de jefes de Estado y de gobierno de Unión Europea-América Latina y el Caribe.



Unas diez mil personas se congregaron en el Coliseo de la Universidad Nacional de Ingeniería para escuchar la lectura del documento que realizaron el presidente del TPP, el francés François Houtart; y otros tres miembros: la peruana Giulia Tamayo, la ecuatoriana Blanca Chancoso y el abogado Patricio Pazmiño, también de Ecuador. La presentación culminó con aplausos de los asistentes y al grito de "La patria no de vende, la patria se defiende". Las organizaciones sociales que han participado en esta actividad, en su mayoría peruanas, se movilizan esta tarde por las calles de Lima y se concentrarán en la céntrica plaza 2 de Mayo.

Durante los dos días de sesiones del TPP en Lima, se presentaron más de 20 casos contra empresas transnacionales europeas, denunciadas en audiencia pública por organizaciones sociales y de trabajadores, comunidades rurales y nacionalidades indígenas de América Latina y el Caribe.

La sanción ética y moral del TPP abarca expresamente a “las conductas y prácticas políticas, económicas, financieras, productivas y judiciales del modelo neoliberal, implementadas y permitidas por los Estados y las instituciones de la Unión Europea” así como a las corporaciones multinacionales con capitales privados y estatales de origen europeo”.

El dictamente del TPP anuncia además la decisión de pedir “al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que designe un Relator Especial para que a la brevedad posible presente un informe a la Asamblea General que contenga la propuesta de caracterizar el concepto de deuda ilegítima, ecológica e histórica, así como la calificación de las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales en contra de las personas y de los pueblos, por parte de gobiernos, instituciones financieras y corporaciones multinacionales”.

El dictamen del TPP también exhorta a los Estados y gobiernos de América Latina y el Caribe a que “se garantice la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses económicos de los sectores privados, impidiendo la privatización de los recursos fundamentales para la vida como agua, aire, tierra, semillas, patrimonio genético y asegurando el acceso universal a los servicios públicos” y que “se asegure el acceso rápido y eficiente a la justicia y el respeto y aplicación prioritario de las convenciones, Pactos internacionales, declaraciones y normas de la OIT y en general de los derechos humanos, ambientales y de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas”.

Por último el TPP “reconoce la importancia, la dificultad y los riesgos inherentes asociados a las luchas de los movimientos sociales, campesinos, de trabajadores e indígenas, y otras organizaciones de base. Se compromete además a continuar acompañando con sus competencias y trabajo - profundizando las calificaciones de la responsabilidad jurídica de las ETN - la trayectoria de denuncia de las violaciones de los derechos de los pueblos por las empresas transnacionales, los Estados y las instituciones internacionales y de construcción de alternativas”.

Fuente:

Radio Mundo Real

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Tribunal de los Pueblos: 20 corporaciones enjuiciadas

20 corporaciones enjuiciadas ante el Tribunal de los Pueblos.



Organismo fue creado hace 30 años en Italia.

Entre las ‘acusadas’ figura la minera Río Blanco, ex Majaz.

Veinte corporaciones europeas son enjuiciadas por violación de derechos humanos ante un tribunal de ética en el marco de la "Cumbre de los Pueblos: Enlazando Alternativas III" que se inauguró este martes en Lima. Los organizadores anunciaron que esperan llevar los casos a estrados ordinarios.

"La existencia de este tribunal es una reafirmación de los derechos humanos, y en esta oportunidad lo que buscamos es poner énfasis en que el crecimiento económico muchas veces llega a los países con la vulneración de derechos", dijo a IPS el médico italiano Gianni Tognoni, secretario general del Tribunal de los Pueblos.

Esta instancia creada en 1979 en Italia, cuyos dictámenes no son vinculantes, inauguró sus sesiones en la tarde de este martes en Lima en forma paralela a las reuniones preliminares de la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, que se celebrará hasta el 17 de mayo en la capital peruana.

Los miembros del tribunal anunciaron que se someterá a juicio a 20 empresas trasnacionales --mineras, petroleras, eléctricas y bancarias--, que operan en América Latina sin respetar los derechos de la población y sin una fiscalización efectiva de los Estados.

Esta es la segunda oportunidad en que se juzga a compañías de capitales europeos y la sesión trigésimo sexta del tribunal en sus casi 30 años de existencia, según Tognoni.

Las empresas en el banquillo provienen de 10 países europeos que operan en Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Nicaragua, Guatemala, Chile y Colombia.

Sólo una de ellas tiene su sede en América Latina: la minera brasileña privatizada Vale do Rio Doce. También se tocará el caso de Irlanda como país afectado por la explotación de petróleo de la anglo-holandesa Shell.

Pero lo particular de este proceso, señaló el coordinador de la comisión organizadora de la Cumbre de los Pueblos, Miguel Palacín, es que se espera llevar a la justicia peruana los casos de empresas que violan derechos en este país.

"Si los miembros de este tribunal reafirman que se afectaron los derechos de las comunidades, llevaremos los casos a los juzgados ordinarios. Por lo menos en el caso de Perú", dijo Palacín a IPS.

Perú ha presentado tres casos ante el tribunal: el de la minera Monterrico Metals, que tiene acciones en la explotación de cobre de Río Blanco en la región norteña de Piura, el de la agroalimentaria Camposol, perteneciente a la noruega Dyer Coriat, por despedir trabajadores sindicalizados, y el de la compañía de agroquímicos Bayer, de Alemania.

En su sesión inaugural, el Tribunal de los Pueblos se dedicó a escuchar el testimonio de víctimas y afectados.

Además, de Monterrico Metals, este martes se oyeron los casos contra la petrolera española Repsol-YPF por sus actividades en Argentina, Bolivia y Ecuador, y contra Shell por la extracción de petróleo en Brasil y también en Argentina.

La jornada culminó con el caso del complejo forestal papelero de la empresa finlandesa Botnia en Uruguay, acusada de aplicar un modelo productivo basado en grandes extensiones de monocultivos que están generando graves impactos sociales, económicos y ambientales en ese país, según los denunciantes.

En nombre de los afectados por el proyecto Río Blanco, el primero en dar su testimonio fue el presidente de las Comunidades Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrión.

"Hemos venido a denunciar la invasión de la empresa Monterrico Metals de los terrenos comunales y el constante atropello a nuestros derechos fundamentales como el de vivir en un ambiente sano y sin represiones", dijo Carrión a IPS.

El dirigente es uno de los representantes de los campesinos denunciados por terrorismo debido a su oposición a la actividad minera. La denuncia fue formulada contra 35 líderes ambientales sin más sustento que fotocopias de noticias, por una asociación que apoya las actividades de Monterrico y del consorcio chino Zijin, que posee la mayor parte del capital accionario.

Los campesinos temen que las operaciones dañen las fuentes de agua y la biodiversidad de la zona, pero además denuncian que la empresa carece de autorización de las asambleas de las comunidades y del voto de dos tercios de los campesinos como exige la Ley de Promoción de la Inversión Privada.

El conflicto ha dejado dos muertos, varios heridos y más de 200 procesos penales contra campesinos que intervinieron en las protestas, según la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz.

Durante la exploración, la empresa lanzó efluentes ácidos con metales pesados y otros contaminantes a vertederos sin la impermeabilización necesaria, según el gubernamental Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.

Sebastián Valdomir de la organización no gubernamental Redes - Amigos de la Tierra de Uruguay habló como representante de las instituciones que acompañan a la población afectada por la empresa Botnia, que supera las dos mil personas, según dijo.

"Las empresas trasnacionales de la celulosa como Botnia, Stora Enso y la española ENCE son responsables de la violación de derechos ambientales y al agua porque estas compañías consumen irracionalmente recursos naturales de las poblaciones dedicadas a la agricultura familiar", dijo Valdomir a IPS.

Tognoni destacó la probidad de los miembros del tribunal. Se trata de unos 80 especialistas, entre abogados, sociólogos, economistas y otros profesionales que se identifican con la defensa de los derechos humanos.

El tribunal emitirá sus sentencias este viernes 16 en la clausura de la Cumbre de los Pueblos.

A lo largo de las sesiones se tocarán otros seis ejes temáticos: Nuevo Constitucionalismo y Privatización de la Justicia, Privatización de los Servicios Públicos, Infraestructura, Precarización y Explotación Laboral, Sistema Financiero y Crímenes Económicos, Criminalización de la Resistencia y Uso de la Fuerza.

Otras compañías que serán juzgadas son los bancos BBVA, HSBC y Santander, la empresa española de energía Unión Fenosa, y las de telecomunicaciones Telecom Italia y Telefónica.

Los organizadores de la Cumbre de los Pueblos destacaron el carácter moral del tribunal. "Lo que se acuerde en esta corte será un llamado para los Estados, para que respeten los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables", dijo a IPS Palacín.

Participan del foro alternativo, que cuestiona el neoliberalismo, 30 instituciones peruanas y otras 50 extranjeras, entre movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y partidos políticos.

Fuentes:

La República - Perú

La Jornada - México

Radio Rebelde - Cuba

"Bienvenidos hermanos del Mundo"

Cumbre de los Pueblos

Humor de Alfredo

Bolivianos detenidos: "Tienen miedo a la unión de los pueblos"

Cumbre de los Pueblos

"Tienen miedo a la unión de los pueblos

Dirigentes campesinos bolivianos que estuvieron detenidos llegaron a la Cumbre de los Pueblos y acusan que gobierno los mandó interrogar para saber “si hacían política”.

No se llevan la mejor imagen de país, pero se mostraron contentos al lograr su objetivo de hacerse presentes en la Cumbre de los Pueblos. La numerosa delegación de ciudadanos bolivianos, que fue detenida en Arequipa porque –supuestamente- sus ómnibus no cumplían las normas de seguridad, fueron los primeros en llegar ayer al local de la Universidad Nacional de Ingeniería. Atrás dejaron el mal momento y señalaron que “sólo esperaban que esta Cumbre discuta la desigualdad, la justicia y, por sobre cualquier cosa, se conserve la humanidad y el medio ambiente”. Pasado el pésimo momento, se unieron a la jornada de unificación internacional.

El secretario general de las seis Federaciones de los campesinos cocaleros del Trópico de Cochabamba, Julio Salazar, denunció la mala experiencia. “En Arequipa y Juliaca detuvieron a buses con delegaciones bolivianas, nos decían que habían operativos fuertes de seguridad por las Cumbres y que nuestro bus era inseguro. Sin embargo, denunciamos que la gente de Inteligencia nos haya preguntado tanto si veníamos a hacer política o si somos del Gobierno”, sostuvo.

Salazar expresó que “el gobierno de Alan García tiene miedo a los cambios y a la democracia por el poder de los pueblos”. Sobre la detención, Jhonny Aliaga, representante de la Federación Mamoré Bulo Bulo boliviana aseguró que “parece que el presidente de Perú le teme a la unión de los pueblos, porque nos interrogaron como si investigaran a un terrorista, a un delincuente peligroso. Lo extraño es que a ciudadanos bolivianos se nos pregunte si estábamos a favor o no del gobierno de García”.

Repudian detenciones
Las danzas típicas de nuestro país, como de las comunidades indígenas latinoamericanas, continuaban. Era una fiesta para los movimientos sociales de dos continentes. En medio de este ambiente festivo, el mal rato para los bolivianos pasó, pero igual fue repudiado por los organizadores de esta Cumbre de los Pueblos.

El coordinador general, Miguel Palacín, manifestó que “la detención de los bolivianos mancha la imagen del Perú, porque deja en claro que en el país no se permite el libre tránsito de la población para participar de eventos tan importantes como éste”. Consideró además que “el trato que recibieron los visitantes del vecino país de Bolivia, debió ser especial debido que son invitados importantes”. Finalmente, Palacín agregó respecto a la realización de la Cumbre que “el Perú estaba buscando la unidad de los movimientos sociales y ese día ha llegado. Ahora vendrá el reconocimiento, la igualdad y la unidad para que los pueblos puedan trabajar juntos por un cambio real.”

La coordinadora, Rosa Guillén, explicó que “el tema de los bolivianos detenidos les generó gran preocupación a los organizadores porque contaban con su participación en la inauguración de lo que consideran una fiesta de los pueblos”.

Por su parte, el secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán, mostró su repudio a la detención de los bolivianos pues -según le informó el embajador del país altiplánico Franz Solano- fueron cinco los buses detenidos, tres en Juliaca la noche del lunes y dos en Arequipa el martes por la tarde. “¿Por qué sólo les revisaban los ómnibus a los bolivianos?” se preguntó Huamán, al asegurar que “hubo hostilización por parte del gobierno. Fue un acto inamistoso y como señalan los bolivianos de discriminación, pues quedó demostrado que no se pone en práctica el libre tránsito que firmaron los dignatarios de la Comunidad Andina”.

“Criminalizan la protesta social”
El ex congresista y líder del Partido Socialista, Javier Diez Canseco, afirmó que “la Cumbre desenmascara la campaña de satanización que hizo el gobierno. Acá la gente camina libremente, hablan todos con todos, no hay rejas que impidan accesos y la gente no está metida en una burbuja especial rodeada de soldados como en la Cumbre especial”. Respecto a la detención de la delegación boliviana, manifestó que “es otra prueba más que el gobierno busca criminalizar la protesta social, y los interrogatorios a los que sometieron a los bolivianos sólo reflejan la actitud del gobierno de García para combatir las fuerzas de oposición y movimientos sociales que rechazan su modelo económico”.

Fuente:

La Primera

Empezó la cumbre de los Pueblos

Empezó la Cumbre de los Pueblos.



Con presencia de delegados nacionales e internacionales. El encuentro continental comenzó entre ritos, mucha espiritualidad y poesía.




Más que el tinte político, el marco para empezar la fiesta continental, el encuentro de opiniones, propuestas, pedido de reivindicaciones, fue la poesía y el sentido de hermandad. Arengas, rituales espirituales y mucho entusiasmo marcaron la inauguración de la Cumbre de los Pueblos, Enlazando Alternativas 3. Empezó con voces y oídos para quien quiera expresarse...

La ceremonia, en el auditorio de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), sede de las muchas reuniones que integran este encuentro, se inició cerca del mediodía con la participación de unos tres mil delegados de diversos países de América Latina, el Caribe y Europa, así como personajes como el secretario general de la Comunidad Andina, Freddy Ehlers, la congresista nacionalista María Sumire, el embajador de Bolivia en Lima, Franz Solano, entre otros.

El acto fue inaugurado por la actriz nacional Delfina Paredes, quien recitó el poema “Los desgraciados” de César Vallejo, emocionando a la audiencia entera. Acto seguido, Rosa Guillén, subcoordinadora general de Enlazando Alternativas 3, dio la bienvenida a los participantes, y detalló la problemática de las comunidades y poblaciones en los países de América Latina, el Caribe y Europa.

Ofrenda a la Pachamama
El momento más significativo de la ceremonia de bienvenida fue, sin duda, cuando diferentes comunidades herederas del Tahuantinsuyo realizaron una ofrenda a los dioses, para que protejan y den éxito a la Cumbre de los Pueblos.

“Lo más importante es la espiritualidad. Si un pueblo no tiene espiritualidad propia, sigue siendo un colonizado espiritual”, señaló uno de los campesinos. Esta ceremonia, que duró cerca de 20 minutos, fue montada ante los delegados frente a un brasero ardiendo, donde se entregaron diversas ofrendas a la Pachamama, como la hoja de coca, mientras se tocaban pututos, o caracoles de viento.

Asimismo, los miembros de la mesa principal participaron del ritual, presentando ellos mismos hojas de coca, y bebiendo de un vaso ceremonial chicha de jora, mientras los representantes de las comunidades andinas, que se encontraban en la audiencia, gritaban arengas como “Vivan los pueblos andinos” y “Por una integración desde y para los pueblos”.

Se rompieron los fuegos, empiezan las muchas reuniones sobre temas que importan a todos. El pedido de justicia y la búsqueda de una fuerza internacional permanentemente alerta mueve a los miles de participantes en esta Cumbre que ya remece al mundo… con epicentro en el Perú.

Fuente:

La Primera - Perú

La otra cara de la moneda...

Detienen a bolivianos que iban a la Cumbre




La Cumbre de los Pueblos empezó ayer con alegría, pero horas más tarde este inicio de optimismo se empañó con la noticia de que desde el día lunes tres ómnibus con una delegación de bolivianos, que venían a la Cumbre de los Pueblos, fue detenido por autoridades policiales.

Se trata de una delegación de al menos 130 delegados campesinos del vecino país de Bolivia que no pudieron llegar a tiempo a integrarse a la cita alternativa a la V Cumbre ALC-UE.

Un extraño operativo policial, a través de su plan Tolerancia Cero, hizo que los ómnibus fueran detenidos, tras una rápida inspección policial.

Inicialmente las autoridades policiales señalaron que no todos los viajeros del país vecino tenían documentación. Luego, las explicaciones apuntaron que el vehículo no cumplía con las normas de seguridad, como cinturones de seguridad en todos los asientos de los ómnibus.

Los dirigentes bolivianos no dudaron en indicar que se trataba de una medida injusta y una forma de boicotear la llegada del grupo de bolivianos para apoyar la Cumbre de los Pueblos. Algunos dijeron que se trataba de una forma de discriminación hacia los bolivianos.

Contingente boliviano

Se tiene previsto que al menos 400 personas (pertenecientes a diversas organizaciones gremiales bolivianas) arriben a nuestra capital a fin de acompañar a su presidente, Evo Morales. Ellos, asimismo, traen sus propuestas a la cita mundial que se realiza desde ayer en la Universidad Nacional de Ingeniería.

La Policía detuvo tres autobuses de bolivianos llenos de pasajeros, quienes se encuentran en la comisaría de la zona de Mariscal Castilla, en la Ciudad Blanca. La detención se realizó en el kilómetro 1,025 de la Panamericana Sur.

Fuente:

La Primera - Perú

DRE Junín: "No hay gratuidad de la enseñanza"

Director de Educación de Junín: No hay gratuidad de enseñanza

Funcionario regional y representante de la defensoría se reunieron con padres de familia

"La gratuidad en las escuelas publicas es un compromiso pendiente que debe cumplir el Gobierno para ofrecer una educación óptima en calidad y cantidad", señaló el director regional de Educación de Junín, Walter Angulo Mera, quien, en compañía del representante de la Defensoría del Pueblo, Adolfo Ibarra Gonzales, abordó ese problema en una reunión con docentes y padres de familia de Huancayo.

Las autoridades enfatizaron que la escuela pública en el país no es gratuita y los padres de familia tienen que asumir los costos de la educación de sus hijos.

Consecuentemente, dijeron, la primera tarea del Gobierno es aumentar el presupuesto para Educación y que este año por lo menos llegue a un 4,5% del Producto Bruto Interno (PBI).
Para que mejore la calidad de la Educación, sostuvo Angulo Mera, se requiere mejor infraestructura, capacitación permanente de los docentes, equipos y laboratorios de prácticas, materiales y mobiliario escolar; así como mejorar los haberes de los maestros y que se cumpla en realidad la gratuidad de la enseñanza. "Se exige calidad en la educación, pero no se dotan los recursos para alcanzar esa meta", puntualizó.

NO ENTREGAN PRESUPUESTO

Hugo Astuhuaman Inga, presidente de la Asociación de Directores de la provincia de Huancayo, denunció en la misma reunión que el Gobierno no cumplió con otorgar el presupuesto asignado para reparaciones de infraestructura escolar. Según se había promocionado se entregaría S/.1.100 por aula, pero no han llegado a entregar ni la tercera parte.

Por ejemplo, dijo que para el plantel que dirige recién llegaron la semana pasada S/.8.500 para un total de 42 aulas; es decir, S/.202 por aula. Al colegio Santa Isabel, que es el más grande de la región y alberga a 5 mil alumnos, anunciaron entregarle S/.80 mil y solo ha recibido S/.15 mil.
El representante de la Oficina Defensorial de Junín, Adolfo Ibarra, responsabilizó del problema al Gobierno Central y también señaló que "la gratuidad en las escuelas públicas es un compromiso pendiente" de la administración gubernamental.

El derecho a la gratuidad de la enseñanza se resume en matrícula sin pagos, alimentación, salud y entrega de materiales a los alumnos; y en las escuelas rurales, además, la entrega de uniformes y calzado.

SEPA MÁS4

Según algunos estudios, los padres de familia deben afrontar un gasto anual de S/.346 por cada hijo que estudia en una escuela pública.

Ese monto se distribuye en matrícula, libros, útiles escolares, uniformes, refrigerio, transporte y el aporte a la Asociación de Padres de Familia .4La matrícula no es gratuita y los pagos por ella son una práctica generalizada en las zonas urbanas en un 99% y en las zonas rurales en un 86%.

Fuente:

El Comercio (Perú)