Fujimori ya esta sentenciado, ahora falta Alan García

Ocultaron sentencias que absolvieron a Alan García para acusar a Fujimori

Sala archivó acusación de autor mediato, similar a la hecha contra Fujimori

Víctor Alvarado

Dos sentencias penales, consentidas y ejecutoriadas, que exculparon al presidente Alan García, y a los altos mandos militares de su primer gobierno (1985-1990), de los mismos delitos de “homicidio calificado”, “omisión impropia” y “autoría mediata”, entre otros, al igual que las ONG de derechos humanos le atribuyen al ex presidente Alberto Fujimori (1990- 2000), han sido ignoradas en el megajuicio, tanto por los juzgadores de Fujimori como por los fiscales acusadores José Peláez y Avelino Guillén.

Las sentencias judiciales se refieren al caso Accomarca, relacionado con las muertes de 69 campesinos por una patrulla comandada por los tenientes Telmo Hurtado Hurtado y Juan Rivera Rondón, ocurridas el 14 de agosto de 1985; y caso Cayara ocurrido el 14 de agosto y días siguientes de 1988, donde se registraron cerca de 30 pobladores muertos, luego de una respuesta militar a una emboscada terrorista contra la patrulla “Mosca” de la BCS 34 de Pampa Cangallo, que dejó el saldo de cuatro militares muertos y 15 efectivos heridos.

En el curso del megajuicio, que lleva un año y tres meses, solo la defensa de Fujimori lo hizo suyos durante la etapa de alegato, y no fueron hecho antes porque se trataban de documentos inhallables, como si una misteriosa mano los hubiera tenido ocultos para impedir que sean invocados en defensa de la inocencia de Fujimori, hasta que una severa pesquisa dirigida por el congresista Rolando Sousa permitió encontrarlos y presentarlos como prueba de descargo.

Sentencia por Accomarca En el primer caso, la Sala Nacional Antiterrorista, conformada por los vocales Loli Bonilla, Sánchez Espinoza y Cayo Rivera Schreiber, el 08 de setiembre de 2005, resolvió en el Incidente 36- 05- B, la absolución de Alan García, ministro de Defensa, Jorge Flores Torres, presidente del Comando Conjunto de las FF.AA., Enrico Praeli; y jefe de la II Región Militar del Ejército, Sinecio Jarama Dávila, acusados de asesinato y genocidio por omisión impropia y autores mediatos.

La denuncia de la fiscal Cristina Olázabal sustentaba, al igual que la acusación hecha contra Fujimori, que el presidente Alan García estaba en la obligación de impedir los actos de Accomarca, a pesar de saberse que asumió el gobierno el 28 de julio de 1985 y los hechos ocurrieron al mes siguiente, entre el 08 y 14 de agosto de 1985. E igualmente, que García era responsable porque los planes militares eran aprobados en el Sistema de Defensa Nacional, del cual formaba parte, lo cual lo convertía en garante de las operaciones militares. La Sala Antiterrorista desechó el cargo de comisión por omisión impropia respecto a la responsabilidad del superior (Alan García y los generales denunciados) no militar, porque no se cumplió el hecho de que hayan tenido un control efectivo de los subordinados que cometieron el hecho criminal.

Sentencia por Cayara En el segundo caso, la Sala Antiterrorista conformada por los vocales Cavero Nalvarte, Vásquez Vargas y Tapia Cabanin, resolvió en el Incidente 46-05, con fecha 18 de noviembre del 2005 no abrir instrucción al presidente Alan García, jefe de la II Región Militar, general Jaime Salinas Sedó; comandante general del Ejército, Artemio Palomino Toledo, coronel Víctor Andrés Estrada Portocarrero y legisladores: Carlos Enrique Melgar, Ampuero Yarce, Alfredo Santamaría, por los delitos de homicidio y ejecución extrajudicial por omisión impropia, desaparición forzada, encubrimiento real y encubrimiento personal, respectivamente. La fiscalía acusó al presidente García y a los oficiales militares de haber tenido conocimiento de la ejecución del plan “Persecución” y que como garantes no hicieron nada por impedir la ejecución de delitos de lesa humanidad y que demostraron tolerancia con los ejecutores mediatos e inmediatos, que como se puede apreciar son los mismos cargos que le han hecho al presidente Fujimori.

La Sala Penal resolvió, al igual que en el caso Accomarca, que no está probado que el superior militar y no militar hayan ejercido la capacidad de emitir órdenes para la ejecución de las muertes; y que las imputaciones de “deber de mando” para sostener indicio de responsabilidad porque “no es suficiente ostentar el cargo de jefe supremo de las FFAA y policiales para sostener la posición de garante”; y respecto a que tuvieron conocimiento del hecho, la sala determinó que no existe elemento de prueba que confirme, toda vez que se trató de un plan de respuesta o reacción frente a una acción subversiva.

Fuente:

Diario La Razón

También lo intamos a leer el útero:

Hoy Fuji. Mañana: Alan