La suspensión de los decretos legislativos que generaron violentos choques en los que murieron más de 50 personas entre policías e indígenas, no logró acallar las protestas en Perú.
Miles de personas salieron a las calles este jueves en los distritos amazónicos y en la capital del país, para exigir la derogación definitiva de las polémicas normas.
En Lima se vivieron momentos tensos cuando las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a estudiantes y sindicalistas que marcharon en solidaridad con el reclamo de las comunidades originarias.
El pleno del Congreso, en tanto, resolvió suspender por 120 días a siete parlamentarios opositores por protestar en el hemiciclo. Para el oficialismo se trató de una medida disciplinaria prevista en la ley; para la oposición, en cambio, fue un "ataque" a la democracia.
Primeras fisuras
Los indígenas reclaman la derogación de los decretos que fueron suspendidos por el Congreso.
Mientras el gobierno del presidente Alan García espera que la suspensión de las normas y una nueva mesa de diálogo arrojen resultados alentadores, comienzan a verse los primeros efectos políticos de este conflicto.
En la sede del Poder Ejecutivo, el mandatario cubrió la vacante dejada en el ministerio de la Mujer y Desarrollo Social por Carmen Vildoso, quien renunció a su cargo en desacuerdo con la forma en que se manejó el conflicto amazónico.
Nidia Vílchez, hasta ahora titular de Vivienda, será la sustituta de Vildoso.
Participe: ¿qué opina de este conflicto?
Estos movimientos ministeriales no conformaron al partido Fujimorista, cuyos parlamentarios venían votando en sintonía con la gobernante Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA).
"Nosotros hemos pedido la renuncia del presidente del Consejo de Ministros (Yehude Simón) y por ende, de todo el gabinete", le dijo a BBC Mundo el congresista Rolando Sousa, portavoz del bloque.
Respecto al origen del conflicto, el legislador consideró que "faltó explicación de los decretos" y aseguró que "hubo un aprovechamiento político de sectores que han alentado el miedo de los indígenas, diciéndoles que iban a perder sus tierras, que iban a envenenar sus aguas".
Desde el opositor Partido Nacionalista, liderado por Ollanta Humala, quien fuera derrotado por Alan García en los comicios presidenciales de 2006, denuncian que "el gobierno prefirió una matanza".
"Los que han perdido con este conflicto son los peruanos que han perdido la vida", afirmó el legislador nacionalista Fredy Otárola.
Los caminos del diálogo
El presidente del Consejo de Ministros convocó a una nueva ronda de diálogo, pero sin la presencia de AIDESEP.
Las nuevas manifestaciones callejeras junto al paro que se realizó este jueves cosecharon críticas del gobierno.
"A pesar de la decisión del Congreso de suspender los decretos 1.090 y 1.064, todavía hay personas que insisten en que se mantenga esta situación de desorden", afirmó la ministra de Justicia, Rosario Fernández, ante los corresponsales extranjeros acreditados en Lima.
Tras denunciar que "hay un claro interés por subvertir el orden", la funcionaria anunció que la mesa de diálogo no sólo deberá resolver la coyuntura, sino que además tendrá que "formular un plan de desarrollo sostenible de la Amazonía".
Por su parte, el congresista Otárola reclamó la apertura de la mesa de diálogo "sin la presencia de los partidos políticos y de los funcionarios del gobierno", para tratar encontrar una salida a la crisis.
Al igual con los fujimoristas, su bancada cuestionó la decisión del Poder Ejecutivo de excluir a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESP) de una nueva ronda de conversaciones que debe comenzar en los próximos días.
Desde las comunidades originarias también cuestionaron la exclusión de AIDESEP, que representa al 60% de los nativos y cuyo presidente Alberto Pizango se asiló en la embajada de Nicaragua en Lima.
Al líder indígena le atribuyen responsabilidades en los hechos violentos del pasado viernes y sobre sus espaldas pesa una orden de captura librada por la justicia peruana.
Fuente:
